Dada la complejidad de los escenarios de conflicto modernos, muchos países del mundo tienden a considerar el concepto de Guerra Híbrida como una de las posibilidades a enfrentar, donde los agresores pueden no ser estados y utilizan toda clase de medios y procedimientos, ya sean estos convencionales, irregulares, insurgentes, terroristas o incluso otros que pueden ser más sofisticados mediante el empleo de las últimas tecnologías o menos, como las migraciones organizadas y cuyo principal objetivo es ejercer su influencia sobre determinados sectores de la población.
En el resto de los países, la evolución de la actividad de defensa ha sido dispar, donde sólo algunos pocos han desarrollado o sostenido las capacidades necesarias, en contraposición con la mayor parte de ellos, donde las cuestiones de defensa se vieron afectadas por un lado por la gran variabilidad política, lo que a su vez en algunos casos afectó la consolidación interna y externa de los posibles proyectos comunes y alianzas; por otro lado, la crisis / afectaciones económicas derivadas de la pandemia, que ha reducido las ya bajas inversiones comparativas de cada país en materia de defensa.
A ello se suma el crecimiento de la brecha educativa y tecnológica, donde la complejidad de las nuevas tecnologías y los crecientes costos de los medios modernos, son algunos de los factores que afectan en mayor o menor medida la incorporación / desarrollo de nuevos productos de defensa dentro de la región, cuyas capacidades militares van envejeciendo o perdiendo funcionalidad, haciendo que muchos de los países sean mayoritariamente usuarios de productos de defensa de segunda mano, en algunos casos obsoletos; que algunos otros busquen desarrollar algún grado de tecnología, asumiendo determinadas funciones logísticas vinculadas a la modernización / soporte técnico de algunos de sus medios y que otros pocos intenten desarrollar por si mismos algunas capacidades aisladas, pero sin alcanzar un nivel sistémico que facilite su comercialización (caso Argentina).
En ellos se aplican esfuerzos variados, con distinta gradación, a diferentes niveles, con el objeto de desestabilizar / debilitar el funcionamiento de las instituciones básicas del estado y provocar una polarización de su sociedad, donde el centro de gravedad de la acción consiste en utilizar a determinados sectores minoritarios de la población para tratar de influenciar en la opinión pública, en los estrategas, políticos de turno y/o sobre los principales responsables de la toma de decisiones, combinando para ello el uso de la desinformación y de la presión, con operaciones económicas, psicológicas o incluso subversivas. El actor visible a veces no es necesariamente estatal y a menudo se recurre a acciones especiales clandestinas a través de terceros u ONGs para encubrir su origen / responsabilidad y evitar así las posibles represalias.
Considerando que todo conflicto se genera por una oposición de voluntades sobre determinados intereses, este tipo de acciones son justamente la forma menos costosa y traumática de ir anulando la voluntad de un oponente y el modo más efectivo de lograrlo es operando desde adentro de dicho país, actuando a través de distintas organizaciones no gubernamentales, desintegrando / debilitando el funcionamiento de sus instituciones (la economía, su educación, su sistema de seguridad y de defensa, su sistema político, el legislativo, el judicial, entre otros); disfrazado de distintas formas, el objetivo final es destruir tanto la conciencia sobre los valores que sustentan la nacionalidad, como la efectividad y coherencia de su accionar institucional y en función de ello y por sobre todo anulando la voluntad de protegerlos, negando su importancia como bien supremo y transformando en tales a las voluntades minoritarias. De allí la pregunta:
¿A quién beneficia la indefensión?
De a poco son los mismos estados los que impulsan su propio debilitamiento, financiando desproporcionadamente las cuestiones minoritarias y desatendiendo los aspectos esenciales, los geopolíticos y los estratégicos fundamentales, dejando sus intereses a merced de quienes generaron esta situación (incendios intencionados, reclamos de pueblos originarios ajenos a nuestro país, la compra de tierras fronterizas colindantes, son algunas de las cuestiones que pueden utilizarse para ello), cuyos verdaderos instigadores, luego además, se presentarán como los salvadores.
Estos escenarios sin dudas requieren de una gran capacidad para evaluar e intercambiar información en distintos niveles, de una adecuada capacidad de inteligencia para detectar potenciales amenazas y una alta capacidad de interacción institucional y sistémica entre todos las áreas de acción y organismos del estado a efectos de disuadir / minimizar estas acciones y determinar / prever las posibles respuestas que permitan neutralizarlas en caso que se manifiesten.
Si consideramos que nuestro país es la octava extensión del mundo donde existen extensas zonas con baja densidad poblacional y con muy bajo grado de presencia / control por parte del estado, en cuyo suelo se encuentran todo tipo de riquezas y dispone de importantes recursos naturales y si además tenemos en cuenta que los conflictos futuros serán por los espacios y por los recursos, en este contexto, pensar que nuestro país no será objeto de apetencias o blanco de este tipo de operaciones, sería de una superlativa y peligrosa ingenuidad, rayana más en la ineptitud / negligencia (la defensa del avestruz). Cabe hacerse nuevamente la pregunta: ¿a quién beneficia esta indefensión, a los argentinos?
En nuestro país, desde el retorno de la democracia hasta la fecha se puede apreciar la falta de una visión de estado y de procedimientos institucionalizados correspondientes a la articulación operativa de la defensa con el sistema de seguridad interior respecto de funciones de utilidad compartida legalmente previstas, como por ejemplo la vigilancia y control de los espacios.
La falta de regulaciones para la interacción permanente entre las FFAA y las FFSS ocasiona un doble esfuerzo económico e ineficiencia operativa producto de la falta o descoordinación de esfuerzos entre estas ya que al no existir una figura política que actúe como integrador / coordinador entre las mismas, se terminan generando disputas internas por preservar los propios espacios de poder entre ellas, generando vacíos o duplicando los medios y/o esfuerzos requeridos para su cuidado.
Para ello es necesario, por un lado proveer las herramientas adecuadas para delimitar en forma adecuada estas cuestiones y permitir que la inversión pública sea genuina, óptima y económicamente sustentable, estableciendo una acción sinérgica a través de una racionalización sistémica y de una adecuada interacción funcional interagencial.
Por otro resulta fundamental tener claramente definidas las potenciales amenazas en cada área de acción del gobierno, analizando las posibles debilidades o vulnerabilidades para prever su protección de un modo integral, racional y coherente.
Lo mencionado anteriormente, es producto de la falta de conocimiento / información / conciencia sobre el rol de la Defensa Nacional y su necesaria interacción con la población en general y muy en particular, con las distintas organizaciones gubernamentales y con la clase dirigente, donde parecería que en la actualidad cada elemento del estado se autopercibe como un espacio autónomo de poder (independientemente de la utilidad o eficiencia) y no como parte de un sistema (interactuando con el resto de sus elementos constitutivos).
El Foro sigue con gran preocupación la evolución de determinadas acciones que podrían encuadrarse en el concepto de guerra híbrida mencionado al inicio y se propone generar los mecanismos necesarios para concientizar a los ciudadanos y a sus dirigentes sobre cuál es la problemática de la normativa vigente (Ley de Defensa y Ley de Seguridad), cuál es la que surge de la falta de interacción entre ambas y también ayudar a comprender las dinámicas de interacción contribuyentes necesarias para lograr la adecuada delimitación e integración de las responsabilidades para alcanzar un eficiente control de los espacios, según su tipo, que deberían realizar los distintos organismos del estado.
De esta manera se visualiza un universo de regulaciones que deben ser contempladas en forma coherente y racional, considerando especialmente la interacción que resulta necesario efectuar para que el Instrumento Militar pueda realizar desde la paz, las operaciones contribuyentes necesarias, ya sean estas conjuntas y/o combinadas.
Sin dudas que las FFAA son parte inseparable del resto de las instituciones del estado y cuentan con un enorme potencial y experiencia en operaciones de todo tipo, sin embargo si se las desconoce, ignora, desfinancia y/o aísla, no podrán cumplir con su función vital de proteger los intereses vitales de la nación.
Esta temática compleja, sensible, variada y específica necesita ser abordada desde una perspectiva racional, sistémica, técnica, profesional y desapasionada, por lo que el interés del FAD es, desde este espacio, concientizar tanto a la ciudadanía como a sus dirigentes sobre esta problemática de la Defensa Nacional y mostrar cuáles podrían ser opciones y las políticas necesarias para restituir el normal funcionamiento institucional, en pos del bien común.
